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Cómo es el proyecto de ley que impulsa Coninagro para las economías regionales

 

Es una propuesta del cooperativismo con el apoyo de distintos sectores agropecuarios. Incluye financiamiento, infraestructura y conectividad rural.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) impulsará un proyecto de ley con amplio apoyo federal para las economías regionales. El proyecto completo se presentará en el marco del primer Congreso Internacional de Cooperativismo Agropecuario, el próximo martes 11 de septiembre.

Algunos puntos del proyecto son financiamiento, presión impositiva, transporte y logística, infraestructura, seguros y educación. La propuesta se ha dialogado en provincias como Salta, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba y ante funcionarios y legisladores de distinto color político.

El texto define como parte de una economía regional al “conjunto de relaciones sociales, culturales y económicas, las cuales conforman un sector que obtiene ingresos de la producción intensiva y el aprovechamiento de un único producto de materia prima agropecuaria”.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, contó que el objetivo del proyecto es desencadenar el potencial de las economías regionales.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, comentó sobre la iniciativa: “Buscamos que sea el resultado de un proceso virtuoso y participativo, de carácter público/privado, que desencadene el potencial de las economías regionales. Necesitamos un enfoque sistémico sobre las principales problemáticas, tanto coyunturales como estructurales del sector”.

En ese sentido, Iannizzotto considera que el desarrollo agroindustrial “es la llave para resolver problemas sociales, territoriales y económicos que arrastra la Argentina desde hace décadas”. De esta forma se busca evitar también las mega concentraciones urbanas, impulsando procesos de desarrollo local y arraigo familiar.

El proyecto contempla la creación del Fondo Anticíclico de las Economías Regionales con un triple objetivo: dar auxilio a los distintos sectores por emergencias climáticas o compensaciones, constituirse como fondo de reserva para instrumentar inversiones y contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.

Según los análisis previos, en Argentina el crédito representa sólo 14% del PBI, cuando en Brasil llega a 65% y en Australia a 140%. Así, plantean herramientas financieras para impulsar la innovación tecnológica, dar viabilidad a las Cajas de Crédito (herramienta de ahorro de la economía social) y que el sistema financiero prevea acceso a garantías crediticias adaptadas a estas economías.

Otro punto es la presión impositiva del país. Se plantea hacer reformas a escala de las economías regionales y su realidad productiva, como la adecuación de los períodos fiscales a los períodos o campañas productivas de cada sector, establecer una disminución al 10,5% del IVA y mayor cobertura de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

“Transportar desde Cuyo hasta Buenos Aires un contenedor reefer (para mercadería congelada) en camión cuesta tres veces más que hacerlo por tren”, ilustra Iannizzotto sobre el transporte. Sobre el tema, se plantea establecer un fondo compensador e impulsar el trabajo de las mesas de competitividad para mejorar la rentabilidad.

Conocidos son los problemas climáticos que van desde sequía hasta incendios. Por ello se promueve llevar adelante un sistema de seguros integral y multirriesgo, que busque la continuidad, para enfrentar rápidamente la vulnerabilidad que producen estos siniestros.

Respecto a infraestructura rural, se habla de un Plan de Vivienda Rural para sumarlas a las más del millón de viviendas en este ámbito. Además, desarrollar la conectividad a través de la red de telefonía móvil e internet, aumentar las hectáreas de riego mediante financiamiento internacional y establecer un plan de reconversión energética.

Finalmente, otro punto que sostienen es educación y asociativismo: “Hay que establecer mecanismos que aumenten la promoción, el financiamiento y el desarrollo de soluciones asociativas en la ruralidad y para pequeños productores”. Estos mecanismos serían sustentados y fomentados por un programa educativo de la economía social y solidaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Soledad González. Especial de Los Andes para Clarín Rural

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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